El edificio nuevo del teatro Nacional
Inflación y finanzas públicas. Las reformas económicas que adoptó México para alterar su pauta de desarrollo han tenido un éxito innegable en corregir el déficit de las finanzas públicas y controlar la inflación. En efecto, aunque más como resultado del recorte del gasto público –particularmente en inversión en infraestructura– que por un aumento significativo de los ingresos fiscales, el gobierno ha logrado prácticamente erradicar el déficit fiscal. En este proceso, se ha logrado reducir notablemente la deuda externa del sector público. Su saldo al cierre de 2008 fue de 56.000 millones de dólares, 40% menos que hace diez años; como proporción del PIB, equivale a 6,1%, 15 puntos por debajo de su nivel en 1998.
La corrección fiscal tuvo tal alcance que, sin contar los pasivos contingentes asociados al régimen de pensiones del sistema de seguridad social, desde hace ya varios años que el déficit público se mantiene por debajo del 2% como proporción del PIB. De hecho, en años recientes se ha vuelto norma el registro de un superávit en las finanzas públicas. Ello fue posible gracias a que, reforzando el compromiso del gobierno con la austeridad fiscal, el Congreso aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria –publicada en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2006– que establece la obligación de mantener un balance anual equilibrado entre gastos e ingresos públicos; es decir, un déficit igual a cero. Si bien en 2008 se realizó un ajuste a esta norma para excluir el gasto de inversión de Pemex del cálculo del balance fiscal, la ley impone una restricción notable a la conducción contracíclica de las finanzas públicas. Sin embargo, la ley admite, en condiciones macroeconómicas extraordinarias, un margen a la restricción fiscal hasta un déficit equivalente a 1% del PIB.
La corrección fiscal tuvo tal alcance que, sin contar los pasivos contingentes asociados al régimen de pensiones del sistema de seguridad social, desde hace ya varios años que el déficit público se mantiene por debajo del 2% como proporción del PIB. De hecho, en años recientes se ha vuelto norma el registro de un superávit en las finanzas públicas. Ello fue posible gracias a que, reforzando el compromiso del gobierno con la austeridad fiscal, el Congreso aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria –publicada en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2006– que establece la obligación de mantener un balance anual equilibrado entre gastos e ingresos públicos; es decir, un déficit igual a cero. Si bien en 2008 se realizó un ajuste a esta norma para excluir el gasto de inversión de Pemex del cálculo del balance fiscal, la ley impone una restricción notable a la conducción contracíclica de las finanzas públicas. Sin embargo, la ley admite, en condiciones macroeconómicas extraordinarias, un margen a la restricción fiscal hasta un déficit equivalente a 1% del PIB.